La Ley 25/2015 ha establecido y, en parte, perfeccionado, los mecanismos mediante los que abordar el tratamiento preventivo de la insolvencia. La Ley concursal de 2003 adoleció de diversos defectos congénitos: Fue una Ley aprobada en tiempo de bonanza, en el que la insolvencia se contemplaba como extraordinaria, que abordó tal situación sólo desde la intervención judicial y cuya regulación, fundamentalmente, tuvo presente la insolvencia de las personas jurídicas. La irrupción de la Gran Crisis se encargó de poner de manifiesto tales carencias, así como, en general, la errada afición de nuestro Derecho de confiar en exclusiva la solución de las situaciones de incumplimiento e insolvencia a la intervención judicial, con los conocidos problemas que arrastra la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, así como a la aplicación monolítica del principio de responsabilidad patrimonial universal –sólo– a los deudores personas naturales, comerciantes o no. Estos factores, determinaron que nuestro legislador regulase, durante las peores fases de la crisis, y en distintas entregas de irregular.
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